Propuestas de Codehcom para una política pública de comunicación

En un escenario de alta concentración mediática e imposición de agenda única, que invisibiliza las problemáticas de amplios sectores de la sociedad, se vuelve necesario impulsar acciones que promuevan la construcción del sujeto social de la comunicación que represente a los sectores silenciados por la hegemonía discursiva de los medios concentrados y dé respuestas a las siguientes preguntas: qué comunicación queremos, al servicio de qué proyecto de país, cómo financiar de manera sostenible a los medios públicos autogestivos. A un año de la asunción del Frente de Todos (FdT) al gobierno nacional, desde Codehcom alentamos la generación del espacio para desarrollar ese debate y avanzar en el compromiso político de articulación entre el Estado y sujetos activos de la comunicación popular como estrategia para efectivizar el derecho humano a la información y la comunicación, un desafío pendiente de la democracia.
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El Estado, defensa política

El propósito de Codehcom es contribuir a la defensa política y al ejercicio social del derecho humano a la comunicación en todos sus alcances. En tal sentido, sostiene que la finalidad de la política de comunicación de un gobierno democrático y popular es recuperar para la ciudadanía la comunicación como un derecho humano fundamental, inseparable de la condición ciudadana. Y que el Estado, por encima de cualquier interés económico, debe crear las condiciones para efectivizar la plena vigencia de las prácticas democráticas en la producción de contenidos y el acceso a la información, aportando así al ejercicio de la democracia en la Argentina, a la custodia de los derechos humanos y a la construcción de un proyecto de sociedad con justicia social. Desde esta perspectiva, Codehcom impulsa la federalización integral de la comunicación, una cuestión que hasta el momento ningún gobierno, desde 1983 a la fecha, ha garantizado.

Codehcom es un colectivo plural, interdisciplinario e intersectorial en el que participan activistas por la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad, de los pueblos originarios, de  la universidad, periodistas y comunicadores sociales, sindicalistas, cooperativistas, ingenieros y pensadores nacionales y populares.

La comunicación es un sistema con trabajadores

Para los integrantes de Codehcom la comunicación es un sistema cada vez más integrado a escala global en el que se incluyen contenidos y medios, pero también plataformas, redes, trabajadores de las distintas ramas de actividad (canillitas, periodistas, comunicadores, programadores, profesionales de las tecnologías de las TIC) y, por supuesto, los públicos, los sujetos quienes deberían poder ejercer con libertad y sin manipulación el derecho a la información y a la expresión de sus ideas.

De las múltiples aristas que se abren a partir del sistema de comunicación, Codehcom trabaja a favor de la construcción de políticas públicas que atiendan a: la sostenibilidad del sistema de medios autogestivos que, desde la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, junto con los pueblos originarios, tienen garantizado un treinta y tres por ciento de las frecuencias del sistema; la soberanía tecnológica; y la alfabetización para el uso de los nuevos medios de comunicación digitales para lo cual está construyendo una escuela abierta dirigida a comunicadores y públicos.

El FdT y una alianza pendiente

Durante la campaña electoral no hubo definiciones taxativas relacionadas con políticas de comunicación, salvo algunas declaraciones polémicas del entonces candidato del FdT. Sin embargo, se descontaba que un gobierno nacional y popular, como el que prometía Fernández, debía encontrar un sustento de ida y vuelta en la comunicación popular y construir con ésta una alianza que tome en cuenta formas de financiamiento, contenidos estratégicos, calidad de gestión, acceso a la información, capacidad tecnológica,  etcétera.

Esta era la expectativa que se abrió con el triunfo del Frente de Todos (FdT) en octubre de 2019 entre los actores de la comunicación pública autogestiva (medios populares, comunitaria, cooperativa, pyme de arraigo local), que aspiraban a poner en marcha los postulados fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desguazada por el gobierno de Mauricio Macri.

Un paréntesis aquí para recordar que la LSCA está vigente. La derogación por decreto a principios de 2016 de los artículos relacionados con la desconcentración de los medios monopólicos no alcanzó el capítulo relacionado precisamente con el fortalecimiento de los medios sin fines de lucro. Esta circunstancia ofrece al gobierno nacional la posibilidad de promover el pluralismo y articular comunicación y territorio desde las mediatizaciones locales.

Transcurrido un año desde que el FdT asumió la conducción del país, un repaso de la gestión del gobierno nacional en materia comunicacional muestra que la política orientada a fortalecer la comunicación popular como estrategia para efectivizar el derecho humano a la información y la comunicación todavía está pendiente. Obviamente, la cuestión de la sostenibilidad de los medios públicos autogestivos sigue ausente en la agenda del Ejecutivo.

Realmente llama la atención y genera interrogantes que un gobierno que tiene a los sectores populares como su principal interlocutor político no tenga en cuenta la sostenibilidad de la comunicación popular y comunitaria, que debería ser determinante para que la acción comunicacional oficial alcance a esos ciudadanos entendidos como públicos prioritarios para la gestión y la política.

Si la excusa es la pandemia, es preciso traer a la memoria que las organizaciones sociales y sus redes de comunicación jugaron un papel clave en la contención del Covid en los asentamientos populares del AMBA.

A un año de la asunción del gobierno de Frente de Todos (FdT) la ausencia de políticas gubernamentales de comunicación orientadas a la distribución efectiva de recursos a favor de los sectores populares sigue siendo una tarea pendiente de la democracia.

Superar el modelo prensero de comunicación

Desde la recuperación de la democracia, los distintos gobiernos, incluido el actual de FdT, no han superado el modelo prensero de comunicación. En realidad, los problemas de comunicación que muchas veces se debaten son en el fondo problemas de comprensión política.

No es una casualidad, por tanto, que la comunicación de las acciones del Gobierno, sigan encorsetadas en un formato difusionista y que aporte poco y nada para incidir en la realización de los objetivos de gestión. De esta manera, la falta de un enfoque comunicacional que apunte a consolidar una propuesta que cale en la cultura y en la vida cotidiana de la ciudadanía termina siendo funcional a los intereses de los medios hegemónicos. No se trata de si usa Twitter o no. Se trata de que el gobierno carece de un enfoque estratégico de la comunicación con el ciudadano para producir un cambio de sentido.

La comunicación no es sólo la difusión de las medidas de gobierno y su defensa ante las críticas. La comunicación es mucho más que eso, es la estrategia política para instalar de manera progresiva una matriz cultural desde donde las medidas del gobierno y los argumentos que la sostienen son entendidos, interpretados, comprendidos y reproducidos positivamente. De qué vale decir que el gobierno hizo obras espectaculares si el lugar cultural desde donde van a ser leídas (los medios concentrados) está controlado por otro. Por eso, la demora en fortalecer a los medios públicos autogestivos también compromete la posibilidad de inducir un cambio de la hegemonía política y cultural.

Lo concreto es que el año culmina entonces sin políticas de fondo para el sector de la comunicación popular y con un agudo desequilibrio en la circulación de discursos que, producto del alto nivel de concentración de medios, hace de nuestra democracia una democracia limitada. Brevemente, vale la pena recordar algunas consecuencias de la concentración mediática: reduce las fuentes informativas o menor pluralidad de emisores; interfiere el funcionamiento de la esfera pública, el espacio donde los ciudadanos hacen política; prioriza los contenidos relacionados con los intereses políticos y económicos por sobre la línea editorial informativa; genera barreras para la supervivencia o el ingreso de medios más pequeños; e incrementa la capacidad para influir en la decisión de los gobiernos y el estamento político.

La peste nos da la razón

La crisis sanitaria y sus derivaciones en la vida cotidiana de las personas dejaron en evidencia que la conexión a Internet y el desarrollo de capacidades para su eficaz utilización forman parte de los derechos ciudadanos contemporáneos. En tal sentido, Codehcom apoyó públicamente la sanción del Decreto 690/2020, aprobado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, por el que se establece que los servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.

También valoramos el reciente anuncio que los trabajadores de medios comunitarios podrán inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y la reactivación de las líneas del Fondo de Fomento concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Y, desde luego, aplaudimos el anunció acerca de la entrada en vigencia desde el 1° de enero de 2021 de la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y TV por suscripción, con el objetivo de favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de diez millones de argentinos.

Lamentablemente, y si bien se trata de medidas que Codehcom apoya, al no estar formuladas desde la comunicación en el marco de un diseño estratégico, su potencial queda menguado para generar la masa crítica que haga posible la construcción de una matriz cultural que termine con la hegemonía neoliberal.

Por otro lado, la reactivación de la Defensoría del Público puesta en marcha desde la Comisión Bicameral, ejemplo de la vigencia de la LSCA, es otro avance hacia el Derecho Humano a la Comunicación. Codehcom propuso a la titular de la Defensoría, Miriam Lewin, a quien apoyó para su nombramiento, la restitución del Observatorio de Accesibilidad, la federalización de la estructura de la DP y la participación de los pueblos originarios y el apoyo a la gestión del Tejido de Profesionales Indígenas para que en el próximo censo se consideren las lenguas de las etnias y preguntas dirigidas a conformar un reconocimiento de real de los originarios.

La comunicación integral

La política de comunicación de un gobierno popular y democrático no es solamente cómo aparece el gobierno o sus voceros en los grandes medios. Es algo más y ese algo más es crear las condiciones para la mudanza del sentido común que organiza la subjetividad ciudadana desde las claves neoliberales a otro organizado por los valores basados en el bien común, en el desarrollo con justicia social. Se trata de una tarea que demanda un esfuerzo político y coordinado.

El desafío del gobierno y de los sectores de la comunicación popular es entonces pensar la comunicación en su integridad; es decir, cómo construir un nuevo sentido a partir de una política que haga sostenible a los medios públicos autogestivos, cómo impulsar la diversidad y la pluralidad, asentadas en recursos materiales que la hagan efectiva para igualar fuerzas con los medios que monopolizan la construcción de sentido. La otra cuestión es: qué y cuánto debe hacerse, básicamente desde el Estado, para garantizar la diversidad de expresiones comunicacionales y fortalecer el funcionamiento de la sociedad civil para que la disputa simbólica y cultural por el poder y la construcción del sentido no quede atrapada en los intereses del mercado.

Propuestas

En tal sentido, Codehcom plantea algunas propuestas que apuntan a hacer viable una comunicación popular y democrática de calidad, que contribuya a que cada argentino pueda ser titular del derecho a la información y la comunicación. En definitiva, a  desenganchar la actividad de los medios populares de los imperativos de la ganancia y reinventar un bien público. Desde Codehcom proponemos:[i]

—Financiar el funcionamiento del sector mediante aportes económicos provenientes del Estado para la adquisición de equipamiento, actualización tecnológica y garantizar una dotación mínima de trabajadores registrados. La pauta publicitaria puede ser una respuesta para superar urgencias en el corto plazo pero no para la sostenibilidad del sistema de medio públicos autogestivos.

—Promover la formación de redes para la producción de contenidos que reflejen valores históricos, regionales y sociales vinculados a las pantallas, antenas y medios gráficos de difusión, defendiendo la producción nacional y la inclusión social.

—Impulsar el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas, entre otras cuestiones, a la convergencia tecnológica, facilitando la distribución y acceso de contenidos audiovisuales y gráficos en los distintos dispositivos digitales.

—Generar instancias de capacitación y asistencia técnica para mejorar el desarrollo y mejora de la gestión del conjunto de los medios populares (construcción de agenda y producciones locales, estrategias de comercialización, administración, etcétera). En otras palabras, que la comunicación popular pueda disputar sentido y audiencia desde parámetros de calidad con lenguajes y formatos que refuercen lazos identitarios locales y nacionales con trabajo genuino o registrado.

—Alentar la cooperación y el asociativismo entre los integrantes del sector para que actúen como un sistema que supere la fragmentación actual.

—Interactuar con la red pública de medios de gestión estatal para federalizar la agenda informativa del país.

—Crear un registro nacional de formadores de comunicación popular, a fin de garantizar la financiación de los procesos de formación priorizando la presencia de actores territoriales.

Otro aspecto a destacar es que la sostenibilidad de las acciones para proteger el derecho humano a la comunicación es, antes que una cuestión meramente económica, un proceso organizativo, social y político. En efecto, la lucha por un sistema de medios públicos independientes no termina con la financiación. La política para hacer posible y visibilizar los relatos que reflejen a nuestra sociedad en su complejidad y diferencias debe contemplar la existencia de una institución con facultades para instalar la comunicación pública autogestiva. Las acciones de fomento al pluralismo deberían ser definidas desde un organismo de derecho público no estatal cuyo diseño de toma de decisiones atienda las necesidades del sector con criterio federal.

Este organismo, además, debe funcionar como una ventanilla única para que su gestión sea eficiente y eficaz y no se dispersen los recursos destinados al sector de la comunicación popular por superposición de planes o falta de articulación entre organismos.

Tres, por consiguiente, son las condiciones de posibilidad para que esta política sea sostenible: el Estado garantiza el financiamiento de la comunicación popular; la arquitectura institucional desde la cual se ejecuta actúa según los principios del federalismo; y participación directa de los actores de la comunicación popular en la gestión del organismo.

Ahora bien, la construcción de un modelo de comunicación inclusivo y democrático, con distribución efectiva de recursos a favor de los sectores populares, demanda una amplia legitimidad social, para lo cual es preciso impulsar un debate multisectorial, interdisciplinario y plural.

El debate no solo es necesario para consensuar una política sino también un camino para reconstruir el sujeto de la comunicación que, en su momento, cobró realidad en la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Sin la conformación de este sujeto, que supere la fragmentación actual de las organizaciones de la comunicación popular, los únicos ganadores serán los medios hegemónicos. La posibilidad de un cambio estructural y progresivo no remite a la mayor o menor convicción acerca de su necesidad y eficacia, sino a la existencia o no de un actor social capaz de orientar la agenda estatal en esa dirección.

En síntesis, la construcción de múltiples relatos que reflejen a nuestra sociedad en su complejidad y diferencias, acuerdos y desacuerdos son inviables bajo la lógica del mercado. En cambio, si habrá ampliación de derechos y se podrá liberar la palabra del discurso hegemónico de una minoría con la intervención del Estado como articulador y facilitador de políticas que permitan a los medios comunitarios y populares, la pequeñas empresas de comunicación con arraigo local, las cooperativas y los pueblos originarios una apropiación social de los medios de comunicación y las TIC desde una perspectiva sostenible.

El desafío para hacer realidad un escenario comunicacional que construya de manera sostenible la representación social y política desde de una efectiva pluralidad de voces depende de una fuerte articulación entre el Estado y los actores sociales de la comunicación organizados. Hay que trabajar para eso.

[i] Estos lineamientos reconocen como antecedente a Eppica, sigla del Ente de promoción del Pluralismo y la Integración de la Comunicación Argentina, una propuesta que la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) hizo pública el 27 de agosto de 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con motivo de la celebración del décimo aniversario de la presentación de los Veintiún puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia. Al respecto, ver la nota Vigencia de Eppica.

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M. Bianchi O. Nocetti N. Piccone y M. Valente

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