Resolución 105 de la Secretaría de Innovación Pública

La Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros emitió la resolución 105 del 2020 por la que aprueba el Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva, cuya autoridad de aplicación será el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).  El objeto del presente reglamento es establecer los derechos y obligaciones de los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las condiciones y procedimientos relativos al acceso, puesta a disposición y uso compartido de la infraestructura pasiva que sea de su propiedad (ductos, zanjas, postes, cámaras instaladas en áreas urbanas u suburbanas, construcciones, etcétera). Al respecto, opinan Miguel Pesado y Oscar Nocetti.

Las empresas deben compartir infraestructura

Por Miguel Ángel Pesado*

El jueves 16 de diciembre se aprobó por Resolución 101/2020 de la Secretaria de Innovación Publica dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros el Reglamento de compartición de infraestructura pasiva. Para muchos este título no dice nada. Sin embargo, en mi opinión se trata de un paso trascendental para las telecomunicaciones argentinas, de un acto valioso del gobierno nacional.

El reglamento es mucho más que un reglamento, es un acto de justicia en beneficio de la gente y de los pequeños operadores además de mejorar y administrar mejor los recursos del país.

Para que las redes de telecomunicaciones se expandan y lleguen a múltiples puntos y permitan fomentar la competencia, deben contar con una infraestructura muy importante y generalmente económicamente inaccesible para los pequeños y medianos operadores.

Una red de fibra óptica o radioeléctrica y sus equipos y componentes necesitan para su despliegue apoyarse en postes, ductos, torres de iluminación, edificios y cualquier otra estructura física que facilite llegar a diversos lugares. Por lo general estas instalaciones están en propiedad de las empresas proveedoras de servicios (agua, gas, electricidad, comunicaciones, etcétera).

En muchos casos y a fin de evitar la competencia los operadores dominantes han impedido hacer uso de sus instalaciones a otros operadores pequeños que pudieran competir con ellos.

Este impedimento, poco conocido y divulgado, significo una limitación insuperable para todo nuevo operador o para los pequeños existentes que querían ampliar sus servicios o proveer nuevos, por un tema económico y por impedimento en los pasos o tránsito de sus redes.

Si bien hubo intentos en el pasado de terminar con este problema discriminatorio y excluyente, éstos no prosperaron.

El gobierno anterior puso en escena en los años 2018 y 2019 alguna propuesta de reglamento de compartición de infraestructura, el que nunca se aprobó y que mantuvo una situación obstructiva manteniendo la discrecionalidad imperante en el otorgamiento de permisos de los dominantes para compartir su infraestructura.

Este fue un grave problema para el crecimiento de las telecomunicaciones y una restricción a la libertad de la comunicación. Este aspecto poco destacable para la población en general resulto ser la más clara representación de un anacronismo que nadie se animó a romper  hasta el dictado de este reglamento. Privar a la gente de Internet por falta de redes de acceso significa restringir la educación, la salud, la seguridad, las relaciones entre las personas, el entretenimiento, las operaciones bancarias, en definitiva condenar a gran parte de la población a aceptar solo los servicios de los operadores dominantes y con los precios de los servicios que estos operadores imponen por falta de competencia.

Abrir la infraestructura de soporte de las redes de telecomunicaciones es en definitiva llevar libertad y desarrollo para los marginados, abrir fuentes de trabajo y contribuir a la equidad en el acceso de los medios como siempre debió haber sido.

Silencioso pero estruendoso a la vez, este reglamento de infraestructura contribuye a la igualdad, a la libertad, al crecimiento económico y al desarrollo social de nuestro pueblo.

Considerar como acto patriótico a esta decisión del gobierno nacional no es una exageración, es el claro reflejo de una decisión que pone las cosas en su lugar y limita los abusos del pasado.

Esta decisión adoptada por el Gobierno no es el único acto que promueve y garantiza la libertad en el uso de las telecomunicaciones. No es menos importante destacar que se han puesto en consulta pública dos nuevos reglamentos también de significativa importancia, me refiero al Reglamento para Infraestructura de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación en Inmuebles que termina con la política también de exclusión y abuso del operador dominante, que posibilitaba que las cosas se hicieran según su gusto y exigencia y muchas veces sin fundamento técnico y fuera de las normas nacionales e internacionales.

El otro reglamento puesto en consulta pública corresponde a una nueva versión del tan conocido WiFi, el que todos usamos en nuestros domicilios, empresas, en la calle, en nuestros celulares…en fin en todo uso en el que intervenga Internet, mail, redes sociales… Es decir, en todo lo que hace a nuestra vida cotidiana.

El actual WiFi  es tan usado que las frecuencias de radio utilizadas prácticamente se encuentran agotadas y cada día se hace más complejo el acceso a Internet, sea desde nuestros domicilios o teléfonos celulares.

Una nueva propuesta reglamentaria contiene la denominada Consulta Pública atribución de Banda de 5925-6425 MHz – WiFi 6, la que seguramente traerá más y mejores comunicaciones a nuestra vida, llevara comunicaciones y desarrollo a lugares necesitados y generara trabajo para mucha gente.

Son actos del gobierno nacional que merecen destacarse, aunque silenciosos son una enorme y beneficiosa trascendencia de carácter técnico y social.

* Ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Universidad Nacional de Lanús y presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fundtic).

Un reglamento a la medida de las empresas con posiciones dominantes 

Por Oscar Nocetti*

El nuevo Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva que aprobara la Resolución 105/2020 de la Secretaría de Innovación pública tiene como inmediato antecedente la denominada «Ley Corta», un fallido proyecto del gobierno macrista que, con la excusa de la necesidad de legislar sobre las tecnologías convergentes, agregó al modo de anexo una propuesta para que se aprobará. Algo similar a este nuevo Reglamento de Compartición, cuya autoridad de aplicación es el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que esta Secretaría de la Jefatura de Gabinete de Ministros acaba de dar a conocer.

En la provincia de La Pampa, por ejemplo, más del 97% de la distribución eléctrica se hace por medio de cooperativas. Y son precisamente las cooperativas las que tienen infraestructura pasiva en toda la Provincia. Este Reglamento nos atañe directamente y, por ello, se puede sensatamente suponer que fuimos las cooperativas pampeanas consultadas para que realicemos aportes u observaciones; pues nada de eso. La compartición de estructuras pasivas se reglamentó en Buenos Aires con la convicción de que se las saben todas.

Una de las principales razones para reglamentar el uso compartido de las estructuras pasivas es la futura implantación de la telefonía de quinta generación o 5G. Las grandes empresas TIC no ignoran el alto costo en redes y equipamiento que se instalará sobre esas redes para que funcione la telefonía de quinta generación. Y también saben que en el interior tienen mucha infraestructura pasiva obsoleta poco apta para «colgar» el nuevo equipamiento. Al menos en La Pampa, que es lo que mejor conozco.

Las redes más eficientes y mejor mantenidas son las de distribución eléctrica en manos de las cooperativas ¿Entonces? Pues a por ellas, obligándolas de manera «concertada» a que tengan la obligación de ponerlas a disposición de las TIC que, de otro modo, deberían hacer inversiones muy onerosas sobre sus obsoletas redes.

Y uno de los argumentos para que este proyecto sea digerible es que va a ser muy beneficiosa para las pyme que quieran incursionar en las telecomunicaciones. Eso no es objetable, pero no pretendan con ese argumento que no veamos el elefante que está ante nuestros ojos.

Que quede claro, no me opongo al principio de compartición, pero es oportuno recordar que en la Argentina las empresas de telecomunicaciones con posición dominante jamás permitieron a las pyme o cooperativas compartir nada de su infraestructura pasiva.

* Integrante de Codehcom, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, master en Economía Social por la Universitat de Barcelona y expresidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa, La Pampa.

Resolución 105 y Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva (Anexo I)
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