Desaparición y muerte en la Argentina: informe acerca del caso Santiago Maldonado

A tres años de la desaparición el 1º de agosto de 2017 y el hallazgo del cuerpo del joven Santiago Maldonado, 78 días después, el 17 de octubre del mismo año, y tras un fuerte debate social y jurídico acerca de lo sucedido, la familia Maldonado convocó a un grupo de personas independientes que, por su formación profesional y experiencia en la investigación de asuntos relacionados con este tipo de procesos, contribuyera al análisis de las actuaciones judiciales hasta ahora realizadas. Se conformó entonces el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEEI) que produjo un informe en el que se condensan sus principales hallazgos.

En sus conclusiones, el Informe precisa que de los elementos analizados emergen serias y legítimas dudas acerca de la investigación. No hubo actuación investigativa que reuniera todas las características de independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyeran todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada, tal como lo indican los estándares internacionales. En tal sentido el Informe puntualiza:

—La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así. Por el contrario, en una actitud reñida con el principio de imparcialidad, las autoridades desecharon esa primera hipótesis lo que desde el principio impidió desarrollar una debida diligencia y sembró desconfianza en la familia de las víctimas, en la comunidad involucrada y en amplios sectores de la sociedad», señalan los expertos del GIEEI.

—Desde la ocurrencia de los hechos que fueron denunciados el mismo día como una posible desaparición forzada, las autoridades argentinas debieron aplicar los lineamientos establecidos en el Protocolo de Minnesota a fin de que se garantizara una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectiva conforme con la debida diligencia. Tales características no se observan en las diligencias examinadas por el GIEEI. Esto a pesar de que el Estado argentino cuenta con algunos instrumentos de referencia que indican las acciones que se deben desarrollar para adelantar la búsqueda de una persona desaparecida y esclarecer los hechos alrededor de la misma.

—Los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto socio territorial histórico caracterizado por la negación de derechos a pueblos indígenas en Argentina. En este caso el Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche, reivindica la restitución de las tierras de ocupación tradicional de las cuales fueron desposeídos por privados con la anuencia del Estado argentino. En ese marco se evidencia una preocupante vulneración de derechos fundamentales entre los que se encuentran el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos de raza, color, etnicidad, así como el derecho a la vida, a la integridad física, y a la privacidad.

También señala que:

—Se comprobó la presencia solidaria de Santiago Maldonado el 1° de agosto de 2017 en el lugar de los hechos como activista de los derechos de la comunidad reclamante. En esa condición, Maldonado era defensor de los derechos humanos en favor de la comunidad del Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche. El análisis de este contexto es relevante en la integralidad de la investigación. No se observa que estos aspectos se hubieran tenido en cuenta.

—Según los estándares internacionales en la investigación era necesario garantizar el manejo comunicativo imparcial relacionado con ella. Estos aspectos no emergen en el análisis que el GIEEI hizo de la situación (ver Anexo con el análisis de medios).

—Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983.

Asimismo, el Informe indica que:

—Se evidencia la ausencia de legislación para el trámite idóneo de los conflictos territoriales indígenas y protocolos específicos relacionados con protección y garantía de derechos a defensoras y defensores. Estas ausencias tocan directamente con situaciones estrechamente relacionadas con los hechos que se investigan y que de existir tales instrumentos contribuirían a una adecuada respuesta institucional.

—La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué, a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición, situación que genera un manto de duda sobre las demás acciones realizadas en el proceso de investigación, especialmente sobre las conclusiones reportadas por la Junta de Peritos en relación con el análisis postmortem del cuerpo.

—La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Santiago Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima.

En cuanto al análisis de medios y redes en torno al caso Maldonado, el Informe del GIEEI concluye que:

—Es evidente un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida. En ese sentido, la estigmatización y desvalorización de la labor de acompañamiento que desarrollaba el señor Maldonado buscó diluir la hipótesis de intervención del Estado en su desaparición. El manejo de los datos, así como de la temporalidad, de los testimonios, buscó siempre fortalecer «el accidente» como explicación última de los acontecimientos.

—La construcción narrativa dominante se orientó a contrarrestar la defensa de los Derechos Humanos y las reivindicaciones de los pueblos originarios. Aún a tres años de lo sucedido, la insistencia en la desacreditación de Santiago y su familia y de la comunidad a la que apoyaba, permiten afirmar que en el caso y su configuración mediática y digital, se da un escenario de disputa narrativa sobre los acontecimientos. La realidad y su trascendencia e implicaciones no pueden dejarse a merced del discurso oficial ni de las estrategias y operaciones de propaganda mediática.

El Informe también formula recomendaciones al Estado argentino. Acerca de la investigación aconseja:

—Desarrollar una investigación con independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyan todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada en relación a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Bajo los estándares internacionales la Argentina se encuentra obligada a realizar todas las acciones necesarias para obtener información adicional que permita esclarecer las circunstancias precisas que precedieron al hallazgo de su cuerpo y las circunstancias de su muerte superando los vacíos de la investigación existentes descritos en este informe.

—Aclarar las inquietudes técnicas presentadas acerca de las pericias realizadas, a fin de que se cuente con información adicional para interpretar sus hallazgos y conclusiones y propender por realizar las acciones investigativas que permitan la triangulación de las fuentes existentes, la obtención y análisis de evidencia adicional, y la reconstrucción de los hechos.

—Revisar y promover la ampliación del informe de la junta de peritos a fin de determinar el lugar, fecha, causa y modo de muerte de Santiago Maldonado,

—Presentar un informe de valoración de las acciones de búsqueda realizadas en las aguas del río Chubut que explique razonablemente por qué el cuerpo no fue hallado en las primeras inspecciones.

En relación con los denominados «vacíos» legislativos, las sugerencias son:

—Desarrollar medidas legislativas a fin de reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar adecuadamente las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del 10 de diciembre de 1983.

—Atender el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que «en un plazo razonable, adopte las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para, conforme a las pautas indicadas en la presente Sentencia, dotar de seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria indígena, previendo procedimientos específicos adecuados para tal fin».

—Desarrollar normas y protocolos adecuados que garanticen la atención, prevención y garantía de defensoras y defensores de derechos humanos, así como la pronta y adecuada respuesta institucional frente a la vulneración de sus derechos.

Finlamente, acerca del estigma social y comunicacional a la labor de Santiago Maldonado y la búsqueda de verdad y justicia de sus familiares, las recomendaciones del GIEEI son:

—Reconocer que la labor que desarrollaba Santiago Maldonado el 1° de agosto de 2017 último día en el que se le vio con vida, correspondía a la de un defensor de derechos humanos conforme a lo establecido en el artículo primero de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

—Investigar injerencias indebidas en el direccionamiento de las investigaciones y en la comunicación de sus resultados, así como la creación de ambientes de estigmatización que repercuten en la opinión pública y en las redes sociales.

Informe del caso Maldonado del GIEEI

Anexo Informe caso Maldonado – Analisis de medios

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