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El control de las epidemias necesitan más que responsabilidad individual. El número de casos COVID-19, comparado con la masa de población que debe exponerse cada día para mantener activa la economía, muestra que la gran mayoría es responsable. No es como sociedad que fracasamos. Pero no alcanza con millones de «responsables».

El 30 de diciembre de 2020, el Senado argentino finalizó el debate y aprobó la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, marcando un nuevo hito en la larga batalla que libramos las mujeres y diversidades en todo el mundo por el reconocimiento de nuestros derechos inherentes e igualitarios. Las mujeres  demostramos en un ámbito político por excelencia como es el Congreso que es posible superar las diferencias ideológicas, políticas, económicas y de clase en torno a un eje común.

La dictadura cívico-militar de 1976 vino a terminar con el modelo de industrialización y sustitución de importaciones para imponer el de acumulación basado en la valorización financiera. Dicho modelo procura mediante la apertura externa, comercial y de capitales subordinar la economía nacional a la mundial. Para ello fue necesario dotar de poder a los bancos, organizar los mecanismos de deuda y de desfinanciamiento del aparato productivo para desplazar en esas funciones al Estado.

La Secretaría de Innovación Pública emitió la resolución 105 por la que aprueba el Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva. El objeto del presente reglamento es establecer los derechos y obligaciones de los licenciatarios de servicios TIC y las condiciones y procedimientos relativos al acceso, puesta a disposición y uso compartido de la infraestructura pasiva que sea de su propiedad. Al respecto, opinan Miguel Pesado y Oscar Nocetti.