Un juicio que pone en riesgo el derecho a dar y recibir información

El acusado: Julian Assange, programador, periodista y activista de Internet, fundador, editor y portavoz del sitio web Wikileaks, creado en 2006. Assange no es ciudadano de Estados Unidos y la plataforma Wikileaks es global. Si procede la extradición su caso serviría de antecedente para que cualquier periodista de investigación pudiera ser juzgado en los Estados Unidos por revelar crímenes perpetrados por orden de Washington en terceros países

El premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, señaló en Resumen Latinoamericano  que los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña llevan a cabo una persecución desde hace años en contra de Assange.

Actualmente se tramita un juicio para que se autorice su extradición a los Estados Unidos donde el gobierno de ese país lo acusa de espionaje y piratería informática tras haber publicado en 2010  más de 700.000 documentos clasificados en la plataforma Wikileaks, entre ellos pruebas incontrovertibles de crímenes de guerra y abusos del gobierno de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

El objetivo del gobierno de Trump busca ocultar la exposición de sus políticas, mantener en secreto las actividades del complejo industrial-militar y lograr la impunidad de los crímenes cometidos por su país en otros territorios.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, le había concedido a Assange asilo diplomático y estuvo alojado en la embajada del Ecuador en Londres desde 2012 hasta abril del 2019, cuando su sucesor y actual presidente Lenín Moreno autorizó a las autoridades británicas a ingresar a su embajada y que lo arrestaran.

Desde entonces permanece en confinamiento solitario en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. El 7 de septiembre comenzó su juicio de extradición y si éste llegara a prosperar sería juzgado en el Distrito Este de Virginia, conocido como el Tribunal de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde hasta ahora ningún acusado de atentar contra la seguridad nacional ha ganado un caso.

Estos ataques contra el periodismo de investigación no son novedad. Basta recordar el caso de Daniel Ellsberg, quien filtró los documentos del Pentágono  a los periodistas para exponer las mentiras del gobierno de Estados Unidos sobre la guerra en Vietnam o al denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Eduard Snowden, a quien para desacreditarlo EE. UU. lo denunció primero como colaborador de los chinos y luego de los rusos. Lo mismo que ahora intentan hacer con Assange.

Los copresidentes de AssangeDefense.org, Noam Chomsky y Alice Walker señalaron en el sitio www.democracynow.org que el arresto de Assange es escandaloso así como el intento de silenciar su voz lo cual pone en relieve el impresionante alcance extraterritorial de EE. UU.

La humanidad debe agradecer al esfuerzo de Julian Assange en su lucha por la verdad y la libertad, señaló Chomsky

Por su parte, el relator contra la Tortura de Naciones Unidas, Nils Meltzer, consideró que la detención de Julian Assange es injusta  y arbitraria, lo mismo que su enjuiciamiento. Además, denunció que en la cárcel inglesa ha sido sometido a torturas y a un trato inhumano por lo cual debería ser liberado y resarcido de inmediato

También numerosos organismos de derechos humanos, cientos de juristas, entre ellos Baltasar Garzón, a cargo de su defensa, mandatarios como Andrés Manuel López Obrador, políticos como Lula Da Silva y periodistas de todo el mundo reclaman su libertad.

Pérez Esquivel hizo un llamado a los medios de comunicación para exigir su libertad. Es urgente proteger su integridad psicofísica y ser conscientes de que si es extraditado a Estados Unidos le aplicarían una pena de 175 años de prisión, lo cual equivaldría a una condena a muerte.

Assange no es ciudadano de Estados Unidos y la plataforma Wikileaks es global. Si procede la extradición su caso serviría de antecedente para que cualquier periodista de investigación pudiera ser juzgado en los Estados Unidos por revelar crímenes perpetrados por orden de Washington en terceros países.

Debemos ser conscientes que lo que se está juzgando es la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado con la verdad.

Sylvia Schulein
Sylvia Schulein

Integrante de Codehcom. Periodista, comunicadora social. Trabajó en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue investigadora del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre políticas públicas de comunicación en diferentes ministerios del Estado nacional.

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