Reflexiones acerca de Internet

«Si nosotros no hablamos, el silencio impondrá su oscura soberanía.»

Carlos Fuentes

Asegurar a las amplias mayorías el acceso a los servicios públicos es un deber de las democracias.

La pandemia ha puesto de relieve los efectos concretos que la ausencia de comunicación genera sobre las mayorías populares y, la importante decisión del gobierno de Alberto Fernández al declarar servicio público a Internet y otros medios de comunicación de la Convergencia, ha puesto el acento donde corresponde: en la intervención del Estado para definirlos como servicios públicos.

Todavía nos falta dimensionar el profundo significado cultural de la alta aprobación ciudadana obtenida por el decreto 690/2020.

Por un lado, exhibe la creciente conciencia del pueblo argentino de aquellos principios que no deberían dejarse nunca de lado cuando se habla del derecho humano a la comunicación y por otro, expone a un sector de la ciudadanía que vive al reconocimiento de derechos como agresión a sus propios méritos, normas y haciendas. No parece casual que los mismos que consideran un privilegio el ejercicio del derecho a la comunicación, tampoco reconozcan la posibilidad de utilizarlos como caminos a la salud, la educación, el trabajo y la justicia.

Si hacemos el esfuerzo de investigar las formas sutiles en las cuales la globalización ha programado las subjetividades para habitar mundos sin solidaridad ni justicia social; nos convenceremos de la necesidad de continuar explicando, una y otra vez, las razones por las cuales los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el acceso a las redes y los servicios de telecomunicaciones deben considerarse servicios públicos esenciales y estratégicos.

Universalidad y pluralidad de Internet

La preocupación y el interés de amplios sectores por democratizar los medios de la convergencia son consecuencias de los debates desplegados por la ley 26522/2009 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

No solo se han plasmado en el decreto 690.

Circulan numerosos proyectos nacionales y provinciales fundamentados en los principios de la universalidad y pluralidad de Internet y que expresan la defensa del derecho humano a la comunicación, como tribuna de la democracia.

Cabe señalar que el texto de una ley no es una pieza literaria.

Resulta imprescindible que las leyes formulen los grandes principios e intenciones en términos claros y prácticos.

Aun cuando los propósitos sean correctos y la mención a contenidos abstractos de las leyes sea considerada un encuadre formal inevitable; ya no son suficientes en tiempos de Pestes Convergentes 5.0.

Cuando palabras como «cambio» o «comunidad» y hasta colores (como el amarillo) poseen diferentes significados, interpretaciones y hasta connotaciones opuestas; la primera cuestión debería invitarnos a definir, como en este caso de qué hablamos cuándo hablamos de universalidad de Internet o de pluralismo informativo».

La segunda exige una imprescindible reflexión acerca del origen y la organización de Internet a escala política, económica y social mundial.

No podemos dejar de registrar sus invisibilizadas consecuencias.

Tampoco, puede ignorarse la creciente tendencia en los discursos de los medios de comunicación hegemónicos por abandonar el poder internacional en manos de algunas pocas corporaciones; a las cuales se nombra como «empresas del mercado global» mientras, se oscurecen los hechos que demuestran la voluntad de reemplazar a gobiernos democráticos o de instituir una Justicia mundial.

Claridad y calidad del debate

Los miembros de Codehcom consideramos que la puesta en marcha de políticas de comunicación exige amplios debates y no conversatorios entre expertos e iluminados.

Compromete discutir cual es el rol que los dueños del mercado de plataformas y redes reservan a países como Argentina o la India. No solo consiste en la porción menos rentable del negocio sino que ofrece exiguo control sobre los datos personales y comunitarios; incluidos los vinculados a la seguridad nacional.

Estamos dispuestos a un profundo debate.

Nos mueven dos propósitos: acrecentar la conciencia popular acerca de la libertad de expresión y colaborar activamente en la construcción de políticas públicas de estímulo y financiamiento sobre todos aquellos aspectos que involucran al desarrollo y la producción nacional y sobre los cuales se sustenta el derecho humano a la comunicación democrática y la Soberanía Nacional, dentro de la cual, la Soberanía Tecnológica es un constituyente indisociable.

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Marta Riskin

Antropóloga (UNR) y comunicadora. Integrante de Codehcom

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