El acceso a las tecnologías digitales como derecho humano

Pronunciamiento del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) acerca del tema Apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades y Red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales (Riat)

Constituimos un colectivo que desde hace varios años investigamos acerca de tópicos vinculados a la apropiación de tecnologías digitales interactivas en diferentes territorios nacionales. Muchos de los hallazgos que hemos producido se han reactualizado de manera contundente, con la determinación de varios de nuestros países de llevar adelante limitaciones a las posibilidades de transitar en el espacio público, en el marco de la pandemia por Covid-19.

La difusión de tecnología digital interactiva —si bien intensa en los últimos años— durante las últimas semanas viene ocupando aún más aceleradamente un lugar central en ámbitos variados de la vida cotidiana, lo cual permite constatar el carácter evidentemente estratégico de las políticas vinculadas a su desarrollo. Esta convicción nos invita a seguir reflexionando acerca de sus potencialidades y sus riesgos. Es de destacar que, en este contexto de vertiginosa expansión del consumo digital, las ganancias de aquellos países y empresas transnacionales productoras de estas tecnologías se ven incrementadas exponencialmente. Es decir, se profundiza una nueva etapa de acumulación de capital, basada en la producción y uso de tecnologías digitales, incluyendo el extractivismo de conocimientos locales.

Junto con esta constatación, y a partir de los datos existentes sobre conectividad e infraestructura, se hace evidente una importante disparidad entre los países latinoamericanos entre sí, y —comparando la región— con las naciones históricamente productoras de tecnologías. Por cierto, al interior de los países y en casi todos los ámbitos en los que las TIC juegan un rol activo, también se ponen en evidencia las disparidades de diverso tipo, por ejemplo, las de poblaciones en situación de pobreza, las poblaciones rurales o los pueblos originarios, pero de manera particular las desigualdades de género que se mantienen de manera transversal y constante. Se constata además que los países de América latina que implementaron políticas de inclusión digital y/o desarrollo tecnológico están en mejores condiciones de afrontar los desafíos en la materia que plantea la emergencia sanitaria. Así, la necesidad de virtualizar el trabajo, las conexiones interpersonales, el estudio, los trámites burocrático-administrativos, la gestión gubernamental, etc. expuso como nunca esas brechas existentes en nuestros territorios. Muchas personas tienen acceso a las TIC, pero no poseen las competencias adecuadas para el uso situado y específico; los dispositivos de acceso no son uniformes en sus posibilidades; la disponibilidad de datos o ancho de banda son dispares, entre otras cuestiones.

A ello se suma que las condiciones en los hogares revelan falta de espacios aptos para el trabajo o el estudio, dispositivos compartidos, situaciones de precariedad en la vivienda, problemas derivados de la imposibilidad de virtualizar el trabajo (personas que trabajan informalmente y hoy se ven impedidas o limitadas para ganarse el sustento). Como contrapartida, están quienes poseen las condiciones infraestructurales, de acceso y de competencias, y/o pueden virtualizar sus actividades. Con lo cual pueden también regular su cotidianeidad permitiendo el sostenimiento de rutinas y condiciones de vida mínimas en el contexto de confinamiento.

Todo lo señalado revela que las políticas públicas aún mantienen una deuda en relación con la inclusión digital en distintos países —con excepción de algunos pocos— y que se requiere un trabajo sostenido en el tiempo para garantizar disponibilidad de tecnologías y conectividad, competencias para su uso, acceso a software libre, etc. Si a ese panorama se suma la insuficiencia de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de ciudadanos y ciudadanas, el pendiente es aún más preocupante: en América latina, cuatro de cada 10 personas hoy son pobres. Entonces, es necesario trabajar para compensar las desigualdades materiales, de condiciones de vida, de acceso a las tecnologías y de competencias, y no seguir profundizando las brechas existentes.

En este nuevo contexto de pandemia —y para focalizar en el caso de Internet— reconocer que la red es un servicio público y que el acceso universal es un derecho humano fundamental resulta urgente. Internet es un bien común, y con ello se impone la necesidad de actualizar la disputa por el costo, el acceso abierto a los datos de interés público, el código abierto, la transparencia en el uso de datos y la Internet ciudadana, como ejes de las regulaciones indispensables para su mayor democratización. Estas y muchas otras cuestiones justifican la necesidad de políticas públicas de distinto nivel en el contexto de la sociedad digital, a fin de garantizar el acceso, la reducción de desigualdades y el desarrollo de tecnologías orientadas al beneficio colectivo, en el marco de la responsabilidad ambiental.

Entonces, junto a las ventajas que indudablemente acompañan la apropiación de tecnologías, también es preciso identificar riesgos frente a los cuales es necesario accionar, no solamente reclamando políticas públicas sino promoviendo iniciativas ciudadanas organizadas por medio de los movimientos sociales. El avance de los más poderosos por sobre los derechos de las personas adquiere formas renovadas en esta etapa del capitalismo digital. Es por ello que mencionamos a continuación algunas de las situaciones sobre las cuales sería deseable seguir pensando para proponer caminos de transformación de nuestras sociedades, adoptando las tecnologías digitales y mitigando sus riesgos:

  • Virtualización de la educación
  • Teletrabajo
  • Vigilancia digital
  • Uso de datos personales
  • Relaciones interpersonales
  • Nuevas modalidades y horizontes del arte y del entretenimiento
  • La participación política en el ámbito digital y los desafíos de las democracias
  • La información, la falsa información y los medios de comunicación digital
  • Conocimiento abierto y protección del conocimiento local
  • El desarrollo de otra tecnología.

Virtualización de la educación

En estos momentos de aislamiento social, pasar de la presencialidad en educación a la virtualidad ha significado un desafío para la mayoría de las instituciones educativas primarias, secundarias y superiores, no solo desde el punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también de las brechas a nivel de oportunidades de accesibilidad y tecnológicas que tienen los y las estudiantes para conectarse a la dinámica del proceso educativo. La experiencia del profesorado en estrategias no-presenciales es escasa. El proceso de adaptación de los recursos, materiales, contenidos y actividades tanto sincrónicas como asincrónicas insume mucho más tiempo y esfuerzo, lo cual en general está insuficientemente compensado con el correspondiente salario. Asimismo, los gobiernos piden continuidad en los procesos pedagógicos en la virtualidad, sin tener en cuenta la inexistencia del acceso a Internet para una parte importante de la población estudiantil, o incluso la no disponibilidad de los dispositivos necesarios.

En otro aspecto, los roles en este nuevo escenario cambian, ya que las y los educandos adquieren mayor proactividad. A las diferencias en los aprendizajes a nivel de las habilidades, la autorregulación, la planificación de los tiempos y la metacognición —desafíos que aún persisten en la educación presencial— se suman las experiencias de acceso y producción desiguales entre las y los estudiantes, lo que condiciona una formación crítica y reflexiva en el contexto de las particularidades que se imponen a la educación en tiempos de pandemia. Otros interrogantes que emergen son los referidos a la propia actividad docente, tales como si las condiciones de enseñanza en la virtualidad son adecuadas o si la virtualización de la cursada de algunas asignaturas o carreras implicarán la disminución del cuerpo de profesores y profesoras.

Teletrabajo

El traslado del ámbito de actividad laboral desde un espacio físico común al domicilio particular de trabajadores y trabajadoras ha derivado en situaciones de precarización del empleo existente y nuevas formas laborales potencialmente también precarias. Al respecto, algunas preguntas emergen como posibles vías de entrada a la temática: ¿qué están previendo los sindicatos en este marco para preservar los derechos de los y las trabajadoras? ¿Quién asume el costo material de desplazar el trabajo al ámbito doméstico? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación y control que se activan, qué implicancias tendrán en la vida cotidiana y la garantía de derechos de las personas en tanto trabajadoras? ¿Cómo se expresan las diferentes brechas sociales, de raza y de género en estas nuevas modalidades laborales? ¿Cómo se abordará el impacto psicológico de los/las trabajadoras que, además de cumplir las labores para las cuales fueron contratados/as, deben colaborar en las labores de otros profesionales, como por ejemplo de los/las maestras, apoyando la educación virtual de sus hijos e hijas?

Vigilancia digital

Los métodos de rastreo masivo para el espionaje político denunciados por Edward Snowden y el uso de los datos de Facebook por la empresa Cambridge Analítica, son dos episodios paradigmáticos porque causaron un verdadero cataclismo en las formas comunes de entender y evaluar la importancia de nuestros datos digitales y de la privacidad que merecen. Tal vez hoy estemos ante un tercer cataclismo digital, provocado por la pandemia de Covid-19. Muchos países han desarrollado estrategias de vigilancia basadas en el uso de drones, cámaras de vigilancia y de reconocimiento facial y aplicaciones destinadas al monitoreo del coronavírus, que usan georreferenciamiento y sensores para obtener datos epidemiológicos sobre la proliferación del virus.

También, los gobiernos y las empresas vienen desarrollando y estimulando el uso de aplicaciones en smartphones sobre coronavirus que prometen diagnósticos, seguimiento y apoyo médico a distancia. La mayoría pide datos personales como nombre completo, dirección, datos fiscales e inquiere sobre síntomas y antecedentes de salud, esto es, sobre la historia clínica del/la usuaria/o. En algunos países, la información es enviada bajo el carácter de una declaración jurada, lo que presupone un vínculo inmediato e indudable entre la posesión del celular, el uso del aplicativo y la identidad de la persona. Pero estas app no sólo ayudan al diagnóstico, sino que, en algunos países, controlan si las personas violan las cuarentenas, si las personas infectadas se movilizan, se aproximan y por dónde (rastreo de proximidad). Es decir, el celular se ha vuelto un dispositivo de control, y no metafóricamente hablando.

Todas estas prácticas han sido objeto de críticas por ser invasivas, no transparentes, injustas y alguna de ellas —como el reconocimiento facial— racistas y con alto índice de fallas. La falta de transparencia algorítmica coloca en riesgo la privacidad y el anonimato, lo que para muchos significa la vida. Por otra parte, la criminalización de la pobreza viene a justificar que ciertos territorios y poblaciones pobres y racializadas sean objetivos privilegiados de la violencia, la vigilancia y el control estatal, al mismo tiempo que los cuerpos y vidas de las mujeres siguen siendo objeto de vigilancia bajo formas tradicionales o nuevas. Vigilancia se articula con género, raza, clase, etnia, religión, territorio. Por eso la dimensión y el alcance de las tecnologías de vigilancia —que nadie es capaz de pronosticar extendidas y justificadas por la pandemia—, no afectará a todas las personas por igual. Cabe preguntarse si las ventajas de esa vigilancia (cuya eficacia para detener la pandemia no está demostrada) superarán las pérdidas de privacidad, de libertad y de derechos.

Uso de datos personales

Se dirá que no se puede dudar de los beneficios que el big data sanitario puede implicar para el control de las enfermedades. Recoger y analizar correctamente y con criterios éticos los datos de la población pueden permitir la formulación de políticas públicas eficientes. El problema es que en muchos países de América latina falta una legislación específica sobre la protección de datos personales, sobre cómo esas informaciones pueden ser utilizadas y por quién, qué algoritmos son usados, quiénes, cómo, por cuánto tiempo y dónde se guarda esa información. No es solo para salvar las vidas de los virus que la acumulación de datos se expande. Además de ser útiles para los gobiernos, los datos son insumos fundamentales para el comercio, la industria farmacéutica y médica, para los seguros de salud, para las empresas que deben contratar personal. El ecosistema digital es alimentado por un modelo de negocio donde los datos son la moneda de cambio, no solo para saber sino para predecir conductas y gustos y la industria publicitaria es quien más ha impulsado esta gula capitalista por datos. Por lo tanto, los datos personales en general, pero en particular lo referidos a la salud de las personas, deberían ser resguardados por un tiempo determinado, no compartidos con otros organismos (como los de seguridad o entidades financieras, por ejemplo), su finalidad debería estar justificada, deberían ser aislados (y no cruzados con otros, como datos criminales, laborales o financieros). Un criterio similar debería utilizarse para todo tipo de datos que se acumula por parte de gobiernos y empresas.

Relaciones interpersonales

La situación extraordinaria en la que nos pone la pandemia estimula los usos de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras opciones menos habituales para la mayoría de las personas, que comienzan a conocer y a aprender a usar, por ejemplo, plataformas para videoconferencias. La posibilidad de verse las caras, de compartir situaciones cotidianas mediante las tecnologías, aparece como medio para sentirse menos aislados y más en contacto (sobre todo con familiares y amistades) en esta coyuntura. A largo plazo, puede ampliar el campo de actuación de las personas. Una política de inclusión digital podría acompañar estos usos, ayudando a quienes no tienen conectividad o no saben usufructuar esas posibilidades. Pero también orientando respecto de las prescripciones que conlleva la tecnología, aportando recursos para trascender esas limitaciones, creando condiciones para que las personas exploren, aprendan y aprovechen críticamente.

Con el tiempo, habrá que evaluar de qué maneras y hasta qué punto la mediación tecnológica digital que está creciendo y consolidándose en esta situación excepcional se afianza en las interacciones cotidianas y cuáles son sus consecuencias. Algunos aspectos relacionados con los cambios en la demarcación entre ámbitos privados y públicos, la producción de malos entendidos, la intrusión de las empresas y los poderes públicos en los flujos comunicativos, entre otros, están siendo estudiados. Entendemos que las investigaciones habrán de enfocarse en la caracterización de las interacciones interpersonales en general y que la cuestión de las tecnologías se visualizará en el contexto de la trama analizada.

¿Qué sucederá con los contactos físicos entre las personas, con y más allá de las tecnologías? ¿Qué consecuencias tendrán en materia de comunicación no verbal los hábitos que estamos creando? ¿Qué derivaciones se observarán respecto de los usos del cuerpo y las prácticas vinculadas a la sexualidad? ¿Cómo se afectan las regulaciones y rituales de las interacciones comunicativas? ¿Qué diferencias podrían producirse entre personas de distintos grupos sociales? Son algunos de los interrogantes que nos estamos planteando.

Nuevas modalidades y horizontes del arte y del entretenimiento

Las producciones artísticas son expresión indudable de la dimensión cultural de los pueblos. La incorporación de las tecnologías al campo del arte y del entretenimiento han implicado cambios en las formas de producción de éstas, de circulación y de consumo, desde las iniciales formas de reproducción técnica que posibilitaron las diferentes variantes del broadcasting hasta nuestros tiempos —con la integración de las tecnologías digitales— de net art o plataformas on demand. En el ámbito doméstico, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha posibilitado un consumo de productos culturales más profuso: tv, plataformas audiovisuales, radios y diarios digitales han cobrado importancia entre las actividades que muchas personas efectúan en estos días.

Para el caso de los medios digitales esto implica, por un lado, una valorización de sus acciones financieras en el mercado, así como una posibilidad más contundente de mapear a sus audiencias. La disponibilidad de perfiles de consumidores/as permite retroalimentar la oferta y fidelizar así al público, que no siempre es consciente de las huellas que sus consumos dejan. Desde una mirada positiva, el arte en sentido amplio tiene una oportunidad sin precedentes de llegar a diferentes públicos, pero cabe preguntarse también si el consumo de entretenimiento y/o arte desde el hogar no estaría contribuyendo a modos de control que, a futuro, profundicen cierta privatización de la vida, de reclusión en los ámbitos domésticos. Por otro lado, la actual situación de aislamiento obligatorio pone en evidencia la situación de precariedad en la que muchos/as artistas y técnicos/as de espectáculos han trabajado y trabajan en contextos ordinarios.

Además, la prohibición de celebrar presentaciones artísticas masivas sitúa a las y los artistas y productores de arte en un punto crítico respecto de su posibilidad de subsistencia, que les obliga a ofrecer alternativas virtualizadas de sus obras. Así, se produce una tensión: la virtualización permite la subsistencia, a la vez que impone una transformación más radical de las formas de producción y un desplazamiento de los costos de producción al ámbito doméstico, como tantos otros trabajadores. ¿Qué saldo tendrá este hecho en nuestros futuros consumos? La posibilidad de la transmisión de enfermedades ¿implicará una disposición diferente de recitales, obras de teatro, museos, cines? ¿Qué alternativa se consolidará desde las ciudades para permitir el consumo masivo de arte y entretenimiento? ¿Será el consumo desde el ámbito doméstico, individualista y atomizado, la respuesta a esta crisis?

La participación política en el ámbito digital y los desafíos de las democracias

En este nuevo contexto pandémico, si bien se justifica el uso legítimo de la fuerza y la vigilancia por medios físicos y digitales para evitar males mayores desde el punto de vista sanitario, también deberíamos pensar en las consecuencias sobre nuestras garantías para ejercer ciudadanía, más allá de la pandemia. Una de esas cuestiones, por ejemplo, se vincula a las acciones de movilización masivas de protesta y manifestación ciudadana.

Ya se ha desarrollado, y están siendo utilizadas de manera experimental, ciertas aplicaciones digitales que ofrecen posibilidades de expresión «desde casa», que permite ubicar a una persona en un ámbito virtual, emulando su presencia en un acto político presencial.

Por otra parte, si las empresas de tecnología son los nuevos servicios públicos de nuestro tiempo, quiénes obtienen y administran la información que producimos en la red, así como para qué la usan, se vuelve una pregunta fundamental para combatir el extractivismo de datos sin restricciones. Poner el foco en una Internet más libre, más accesible, con menos vigilancia y mayor privacidad, y un Estado que salvaguarde la equidad, al tiempo que ofrezca marcos para controlar la apropiación indebida e ilegítima por parte de corporaciones privadas, se vuelve entonces fundamental.

La información, la falsa información y los medios de comunicación digital

Si bien esta cuestión forma parte de un debate que involucra el derecho a la libertad de expresión, es evidente que la población tiene derecho a que la información que circula en Internet por redes y portales, sea los suficientemente veraz y oportuna que le permita formarse una opinión o tomar una decisión fundamentada. Lo contrario, es decir la difusión intencionada de noticias falsas, implica el riesgo de situaciones de manipulación, como fue el caso de Cambridge Analityca. La tensión entre ambos derechos —en forma de polémica— ya está instalada en muchos países. Un aspecto que debería ser tenido en cuenta en esta cuestión podría sustentarse en dilucidar quiénes están en mejores condiciones de verificar una información.

Es evidente que los medios de comunicación no solamente tienen más posibilidades, sino mayores responsabilidades a la hora de emitir informaciones debidamente corroboradas. A menos que sean los propios medios masivos quienes forman parte de esas operaciones de manipulación, lo cual está sucediendo en muchos lugares. Más allá de cómo se resuelva esta tensión, no es posible la vida en una sociedad que se precie de democrática en ninguna región del mundo, si no hay garantías de que quienes se suponen que deben informar, lo hagan de manera veraz.

Impacto ambiental de las tecnologías digitales

El sector de las tecnologías digitales es actualmente uno de los responsables más importantes de la crisis climática. En la actualidad, su contribución al calentamiento global ya sobrepasa a la aviación, por ejemplo. En esta emergencia sanitaria planetaria, se ha recurrido más que nunca a las tecnologías digitales para continuar la vida en común. Y sin duda, muchas de las soluciones de futuro pasarán por el consumo de tecnologías digitales. Esto tendrá un impacto trascendental en el medio ambiente al menos en tres ámbitos: 1) el desecho electrónico, que se incrementará exponencialmente cuando aún no se ha logrado establecer su manejo responsable en el mundo y aún menos en la región latinoamericana. En un futuro muy cercano, ahora acelerado por la pandemia, el impacto de los residuos electrónicos será tan o más importante de lo que lo es actualmente el plástico; 2) el consumo energético, ya que toda la producción tecnológica que se expresa en hardware y software de todo tipo y tamaño, es de altísimo consumo de energía. Solo para mencionar un ejemplo, los datacenter que comúnmente se llama la nube, se incrementan diariamente y exponencialmente, al ritmo del incremento de datos, con una contribución a la desaparición de la capa de ozono casi imposible de medir. 3) la producción de tecnologías, que no se caracteriza por tener reglas ambientales definidas responsables y justas. Muchos de sus éxitos se basan en la explotación minera de cobalto y otros minerales, que se hace en condiciones infrahumanas y con explotación de trabajo infantil. Pero, además, se empiezan a generar luchas por territorios para expandir datacenters enormes (los bosques empiezan a ser vendidos y devastados para ubicarlos).

Es cierto que las tecnologías digitales pueden contribuir fuertemente con la mitigación y adaptación al cambio climático, pero eso depende mucho del tipo de desarrollo tecnológico que se promueva desde las políticas públicas y las acciones ciudadanas en nuestros países.

Conocimiento abierto y protección del conocimiento local

Uno de los aspectos más relevantes de esta situación de crisis global ha sido poner sobre la mesa el tema de la propiedad del conocimiento y la urgencia por una ciencia ciudadana y una ciencia abierta, que permita a todas las personas y todos los países tener acceso a metodologías, descubrimientos, pruebas, instrumentos para combatir la amenaza. Las tecnologías digitales son los medios por los cuales se fortalece la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Utilizando estos mecanismos, todos y todas hemos aprendido como nunca sobre virus, pandemia, transmisión, medidas de prevención, genomas, entre muchas otras cosas. También, gracias a las tecnologías se conforman equipos multidisciplinarios y multiculturales que construyen soluciones para toda la humanidad.

Sin embargo, aún hay un camino por recorrer en este aspecto: la tensión entre este conocimiento abierto y el conocimiento privado con el que las farmacéuticas, la medicina privada, las empresas de seguros, esperan generar más ganancias en tiempos de pandemia, será inminente y radical. La crisis global en la que nos encontramos ha reposicionado el valor de la ciencia, pero de la que está al servicio de las comunidades y las poblaciones. Como red de investigación apoyamos vehementemente un reposicionamiento del conocimiento abierto y la ciencia ciudadana a través del uso estratégico de las tecnologías que democratice el conocimiento como bien común de la humanidad.

En este marco, consideramos que es indispensable la generación de una protección especial para los conocimientos locales: indígenas, rurales, pesqueros, afro, de las mujeres, entre otros, que permita que estos puedan ser compartidos para el bien común, y que no sean privatizados por las grandes corporaciones. Encontramos que este momento histórico es crucial en la necesidad de construir estos otros referentes en nuestros países.

El desarrollo de otra tecnología

Nuestro grupo de trabajo aboga por la generación de condiciones y espacios para la experimentación y el desarrollo de otra tecnología posible. Nuestras sociedades han estado bombardeadas por la urgencia de un consumo tecnológico y se nos han creado las condiciones para ello. Es tiempo de empezar a desarrollar otras tecnologías que se basen en otros modelos de negocios, en la resolución de otras necesidades, que se construyan con otros procesos como la construcción colectiva de algoritmos, que sean procesos transparentes y abiertos, que tengan principios comunitarios de manejo de datos. Una tecnología construida por las comunidades y poblaciones que hasta ahora han sido etiquetadas como las grandes consumidoras y que nuestro grupo propone que tengan el derecho de diseñar, definir y proponer la tecnología que requieren y que quieren.

Especialmente, nos referimos a las mujeres, las poblaciones indígenas, las poblaciones migrantes, fronterizas, costeras, rurales, entre otros. Partimos del principio de que, en estos momentos históricos en que vivimos, es un derecho humano fundamental que todo grupo social diseñe y construya la tecnología que necesita. Además, estamos convencidos y convencidas de que pueden/podemos hacerlo.

Fuente: Clacso.org

Nota relacionada: Hay que construir los derechos humanos del ciudadano digital

Esta declaración expresa la posición del Grupo de trabajo apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de Clacso, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

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