¿Para cuándo los derechos educativos de los pueblos originarios?

Después de cuatro meses de gestión el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) todavía no convocó a los a las organizaciones indígenas a conocer el plan de trabajo 2020-2023. Y en cuanto a la educación intercultural bilingüe (EIB) parecería que sus autoridades no saben de qué se trata y «confunden» con el otorgamiento de becas, como si el tema de la educación para indígenas fuera solamente una política compensatoria y un coto de caza para algunos dirigentes.

Antes de la asunción de la gestión del presidente Alberto Fernandez se  debatió el nuevo rol del movimiento indígena en Argentina posmacrismo y el vínculo con las políticas públicas.

Quienes adoptan una posición «antipolítica» —para referirse a la no partidización del movimiento indígena— suelen declararse neutrales en gestiones peronistas, mientras realizan los acuerdos con las petroleras y las mineras en nombre de la autodeterminación.

Otrxs, como es mi caso, hemos definido que el movimiento indígena en la Argentina puede tener la pretensión de la autonomía respecto al Estado pero, en la transición hacia un Estado Plurinacional, es necesario construir estrategias y alianzas políticas con sectores de la argentinidad que son afines a nuestros intereses. La participación  en espacios políticos partidarios es una vía de acumulación de poder, de concientización, en mi caso de mapuchización de las estructuras y propuestas partidarias dentro del peronismo.

Durante el período preelectoral, el Frente de Todos abrió un espacio de debate sobre la interculturalidad en una comisión donde confluíamos pueblos originarios, migrantes y afrodescendientes. No hubo acuerdo entre quienes participábamos de ese espacio para postular un candidato a la titularidad del INAI. Como en dicha comisión, participaba gente no indígena, hubo una retracción en los debates porque a nadie le gusta exponer los trapitos al sol entre extraños, aunque sean compañerxs.

Finalmente, el movimiento indígena del posmacrismo aceptó al frente del INAI a una persona que no es indígena. Por cierto, una muestra del coloniaje interno que se padece. Si quisiéramos atravesar la perspectiva de género en quienes fueron los voceros para felicitar a Magdalena Odarda, pudimos observar a hombres. Los machos de la interculturalidad aceptaron como autoridad a una mujer blanca. ¡Una sicóloga a la izquierda!

Las mismas organizaciones que ahora salen a cacarear por el ninguneo de la  modalidad de la EIB, asumieron que los voceros son machos y que el paternalismo del Estado tiene un entronque de mujer (blanca).

En el año 2006 se aprobó la Ley de Educación Nacional 26206 y la EIB pasó a ser una modalidad estructural en el sistema educativo argentino, con un amplio proceso participativo en cual Daniel Filmus, ex ministro de Educación, fue central en el entendimiento de lo que significa la participación indígena en la política pública, teniendo al Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (Ceapi), como pivot de los diálogos intra.

Es de público conocimiento que el Tejido de Profesionales Indígenas no aceptó,  ni legitimó la designación de Odarda, y que los carguitos confundieron a la unidad de consenso interna: nadie al frente del INAI que no sea indígena.

Por si acaso al presidente Fernández le faltaran argumentos para revertir su decisión, tal como lo hizo con Vanoli al frente del Anses, le contamos que después de cuatro meses de gestión el INAI:

  • No convocó a las organizaciones indígenas a conocer el plan de trabajo 2020-2023. ¿Existirá?
  • No existe un área de salud en la estructura administrativa. En medio de la pandemia Covid-19 no se produjo ninguna adaptación a las 16 lenguas indígenas de las normas de prevención del Covid-19, ni se las adaptó culturalmente. No se propuso la incorporación de la variable étnica en los reportes epidemiológicos.
  • No existe el área de estadísticas en la que se discuta participativamente nuevamente la incorporación de variables de identificación étnica. Atravesando el año (en el cual se suponía que se realizaría el Censo 2020) no se propuso la pregunta sobre autorreconocimiento étnico, tabulada con sus nominaciones.
  • Sobre el Censo 2020 no se ha respondido al Consejo Interuniversitario Nacional y a las 19 universidades nacionales que han enviado sus propuestas para incorporar —para toda la población— la pregunta sobre diversidad lingüística
  • No existe área de niñez y adolescencia. Las comunidades en conflictos territoriales y en situaciones de vulneración de derechos sexuales referidos a abusos y violaciones no tienen una atención específica para resguardar sus cuerpos.
  • No existe un área de mujeres y feminismo comunitario por lo cual, ante situaciones de violencia de género, ni siquiera se reconoce la pertenencia étnica de las denunciantes.
  • No hay mecanismos de validación o legitimación de la gestión. No se consulta ni aplica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado a nivel nacional. Tampoco han funcionado las Consejos de Participación Indígena, que suelen servir como zanahoria.

A pesar de los pesares, las microexperiencias de educación autónoma existen. Los pueblos originarios en cada territorio y en la urbanidad defendemos la educación intercultural.

A casi veinticinco años de la implementación de la EIB, no hay una evaluación de su aplicación por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Si la ha realizado, no la ha puesto a consideración de las organizaciones indígenas. ¿Por qué se demoran tanto en convocar a los pueblos indígenas para poner en marcha la modalidad? ¿O será que la EIB debe seguir siendo pensada por los blancos para los indígenas? ¿Cuánto grado de colonialidad, o en su defecto, cuando grado de descolonización, el actual Gobierno está dispuesto a sostener en la conformación del área? ¿Se está pensando la modalidad de EIB en la misma jerarquía que la del resto de las modalidades? Las respuestas a estas preguntas prefiguran las decisiones políticas que se adopten y, por cierto, el grado de respeto que el actual Gobierno profesa por los pueblos indígenas, además del apego a los acuerdos internacionales y leyes nacionales vigentes.

Por supuesto, el INAI no sabe ni de qué se trata, porque el rol que tuvo en este cuento fue otorgar becas aceptando el tratamiento de la educación para indígenas como política compensatoria. Por ahora la EIB, sigue siendo un coto de caza para algunos dirigentes que se están haciendo los rulos.

Veronica Azpiroz Cleñan
Veronica Azpiroz Cleñan

Mapuche, politóloga, integrante de la Comunidad Epu Lafken y de Codehcom.

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